Presencia de principios de acceso al suelo urbano y rural en las Constituciones Provinciales

Descripción

Identifica la presencia de principios y conceptos en las constituciones provinciales que promueven el derecho al acceso a suelo urbano y rural.

Metodología

El dato se obtiene de la observación de determinados principios en el texto de las constituciones provinciales.

Unidad de medida

Presencia o ausencia del atributo

Observaciones

Algunos de estos principios pueden estar ausentes del texto constitucional y presentes en otras normas provinciales. En este caso, el indicador se limita a observar las constituciones, ya que es el conjunto de normas de máxima jerarquía a nivel provincial. Considerando que estas no suelen ser reformadas con frecuencia, el indicador podría actualizarse con posterioridad a cualquier proceso de revisión o reforma constitucional.

Referencias

Constituciones provinciales de las veinticuatro jurisdicciones.

Relevancia

Supone una aproximación al grado de legitimidad con el que cuenta en las legislaciones provinciales el derecho de acceso a un lugar donde vivir. A su vez, la presencia de los principios relevados por el descriptor podría amparar iniciativas de nivel provincial y municipal tendientes a democratizar el acceso a este bien.

Datos de referencia

Entre los principios relevados en las Constituciones de las 24 jurisdicciones el derecho a la vivienda es aquel que se presenta con mayor frecuencia.

Palabras clave

acceso al suelo, derecho a la tierra, derecho a la vivienda, especulación, función social de la propiedad, ley de ordenamiento territorial, protección del suelo, suelo productivo, suelo rural, suelo urbano

Fuentes de información

Constituciones de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El reconocimiento de derechos y de conceptos vinculados al acceso al suelo urbano y rural en los textos normativos no se traduce necesariamente en la implementación de políticas públicas que garanticen el respeto de dichos principios en el territorio. Sin embargo, vale la pena conocer su presencia o ausencia por dos motivos: en primer lugar, porque constituye un indicio del grado de legitimidad social que tienen los mismos; en segundo lugar, porque su reconocimiento podría amparar y/o potenciar políticas públicas -de nivel provincial o municipal- tendientes a garantizar dicho acceso.

El derecho a la vivienda se encuentra presente en casi todas las constituciones provinciales. A su vez, 17 constituciones provinciales reconocen la “función social de la propiedad”; la idea según la cual el derecho individual de propiedad debe someterse al interés general de la sociedad. Dicho principio había sido incluido en el texto constitucional nacional en la reforma de 1949, aunque fue eliminado ocho años más tarde por el gobierno militar de Aramburu. Sin embargo, el mismo regresó a la Constitución con la reforma de 1994, a través de la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica que establece, en el artículo 21, que “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.

Asimismo, algunas provincias cuentan con expresiones explícitas relativas al derecho a acceder a la tierra, a proteger a la misma como recurso productivo y, en menor medida, a protegerla de las prácticas especulativas en torno de su propiedad.

Cada uno de los principios relevados es mencionado con distinto énfasis y en distintos contextos. La noción de “función social”, por ejemplo, puede ser aplicada a la propiedad de modo genérico o referirse específicamente al uso del suelo o tierras fiscales como recurso de producción, la vivienda o incluso la economía y el capital. 

En el caso del derecho a la vivienda, el mismo aparece vinculado a los habitantes en general, o bien en función de alguna característica puntual de la población -tercera edad, madres solteras, juventud o trabajador, entre los más comunes-.

Respecto del acceso a la tierra, la mención de expresiones en contra de la especulación y la protección del suelo como recurso productivo, aparece vinculada con la necesidad de planes de colonización que estimulen el uso productivo y residencial de la tierra, la implementación de tecnologías de laboreo que protejan el suelo como recurso o la necesidad de expropiación (por ejemplo en el caso de latifundios improductivos).

Cabe destacar que sólo tres provincias argentinas cuentan con legislaciones específicas para orientar políticas territoriales que promuevan el reconocimiento de estos principios: la provincia de Buenos Aires (Ley 8912 de 1977 y la reciente ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, de 2013), la provincia de Mendoza (Ley 8051 de 2009) y la Ciudad de Buenos Aires (Ley 2930 de 2008).

PRESENCIA DE PRINCIPIOS DE ACCESO AL SUELO URBANO Y RURAL EN LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Fuente: Relevamiento propio en base a las Constituciones de las veintitrés provincias y Ciudad de Buenos Aires

IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS POR PROVINCIA Y PRINCIPIO

Fuente: Relevamiento propio en base a las Constituciones de las veintitrés provincias y Ciudad de Buenos Aires

 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRINCIPIOS DE ACCESO AL SUELO POR PROVINCIA

Fuente: Relevamiento propio en base a las Constituciones de las veintitrés provincias y Ciudad de Buenos Aires

 

 

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